La reforma constitucional para crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, resulta un tema de suma relevancia en el sentido de que permitiría agilizar los procedimientos, pues actualmente cada estado de la República tiene un Código propio que le rige. La unificación implicaría cambios a gran escala, por lo que su implementación no debe ser tomada a la ligera, sino que debe seguir la pauta planteada en la reforma al Código de Comercio que será implementada de forma progresiva a lo largo de 3 años.
Sin embargo, un tema más importante que su implementación, es el hecho de que se continúe tratando a las materias civil y familiar de forma conjunta, siendo que estas tienen una naturaleza distinta; inclusive estados como Hidalgo, Morelos y Sinaloa cuentan ya con un Código Familiar. En la práctica vemos que existen Tribunales especializados en materia familiar, la doctrina le da un tratamiento distinto a la naturaleza civil e incluso en las escuelas o facultades de derecho existe una materia específicamente enfocada al derecho de la familia, por lo cual en la legislación esta situación merece ser contemplada, pues de lo contrario ¿qué pasaría con aquellos estados en los que la materia familiar se rige por una legislación propia al implementar esta unificación?
La idea de unificar es importante e implicaría un gran avance en la práctica, pero de no atenderse situaciones como la planteada significaría aceptar que las materias civil y familiar tienen una misma naturaleza y en consecuencia deben tener un mismo tratamiento, lo cual lejos de beneficiar a las partes les sería perjudicial.
