Por: José Juan Méndez Cortés, Abogado, socio fundador y director de Méndez + Cortés -Abogados e Ingenieros-

A lo largo de los últimos años han surgido grandes controversias respecto al supuesto plagio de expresiones del folclor mexicano, incluidos diseños de origen indígena, por múltiples empresas en la industria de la moda. En esta semana resalta el caso de la diseñadora Carolina Herrera quien usa en su colección Resort 2020 diseños originarios de comunidades de Jalisco, Oaxaca e Hidalgo. El director creativo de la firma, Wes Gordon, ha declarado que no se trata de plagio ni de apropiación, sino de: “un homenaje a la riqueza de la cultura mexicana”.

Hemos comentado con anterioridad la necesidad de precisar los mecanismos de protección existentes para estas creaciones, así como la urgencia de atraer la participación de los sectores público y privado en la efectiva protección de las expresiones artísticas de nuestras comunidades.

El ámbito jurídico mexicano no cuenta con términos claros respecto a las vías de protección para las expresiones tradicionales y la propiedad intelectual de las comunidades indígenas. De manera errónea se ha recurrido al concepto de plagio, el cual no está reguladopor la Ley Federal del Derecho de Autor, ni por la Ley de la Propiedad Industrial o el Código Penal Federal.

Así, al no ser la figura del plagio la ideal para entender y combatir la apropiación no autorizada de creaciones de las comunidades mexicanas, necesitamos observar con una perspectiva más amplia nuestro sistema legal a fin de determinar que conceptos nos asisten en la protección de las expresiones tradicionales. La problemática nace de la naturaleza de los derechos, al no ser equiparables los aquellos relacionados con una obra cualquiera y aquellos que se derivan de manifestaciones del folclor mexicano resultado de una larga tradición histórica.

Si bien es cierto que no contamos con una figura exacta en que podamos encuadrar el uso no autorizado de expresiones del folclor mexicano, debemos decir que sí existen mecanismos de protección aplicables en el sistema propiedad intelectual actual.

De manera particular, consideramos que las siguientes figuras podrían asistir a la efectiva protección de estos derechos:

En el ámbito de los Derechos de Autor:

Los productos creados por nuestras comunidades se caracterizan por contar tanto de gran valor estético como de aplicaciones útiles, que se manifiestan en la forma de prendas de vestir, cerámica y otros objetos. De esta manera, las expresiones tradicionales del folclor mexicano pueden ser protegidas como Obras Artísticas de Arte Aplicado.

La Ley Federal del Derecho de autor reconoce la protección de obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal que sean originarias de culturas populares mexicanas como un derecho sui generis que; aunque no implica un registro específico si establece sanciones contra la deformación que cause demérito o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenece la obra.

El artículo 229 de la ley referida antes también nos permite combatir el uso de autorizado de las obras derivadas del folclor mexicano por medio de las infracciones en materia de derechos de autor. Uno de estos supuestos incluye la sanción a la fijación, representación, publicación, comunicación pública o el uso de cualquier forma de obra literaria o artística que se considere originaria de una cultura popular sin mencionar la comunidad o etnia a la que corresponde. Por medio de este instrumento, podría exigirse a las grandes marcas reconocer expresamente el verdadero origen de los diseños contenidos en sus productos.

En el ámbito de la propiedad industrial:

La última reforma a la Ley de la Propiedad Industrial podría asistir a la protección de estas obras por medio de las marcas de certificación, que constituyen signos que distinguen productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular.

Por medio de este registro, las comunidades podrían mantener el control de autorizar a otros el uso de una marca que identifica productos caracterizados por sus orígenes y cualidades étnicas particulares.

En lo que refiere a los diseños indígenas plasmados en prendas y objetos varios, podría resultar aplicable el concepto de dibujo industrial el cual se configura como toda combinación de figuras, líneas o colores incorporados a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.

Por otro lado, otras expresiones tradicionales como las artesanías podrían comprenderse dentro del concepto de modelo industrial, al ser formas tridimensionales que pudiesen servir como un tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que otorgue una apariencia especial sin implicar efectos técnicos.

De esta manera y como hemos insistido anteriormente, es indispensable tanto a los profesionales del derecho como a la industria entender que existen vías para la protección del patrimonio cultural y que la ausencia de una figura exacta no nos exime de la obligación de proteger nuestra tradición.

En tanto no existan acciones energéticas por parte de las autoridades competentes, las comunidades y la sociedad civil para proteger el folclor mexicano, controversias como las que se han suscitado en los últimos años persistirán y los derechos de nuestras comunidades seguirán en desamparo. Por tanto, es vital promover la difusión de los mecanismos de protección existentes e insistir en la creación de mejores vías de defensa, siendo estos grandes retos para el derecho mexicano de la propiedad intelectual

Lincoln Futura lanzado en 1955 fue inspirado en los jets de la época diseñado por William M. Schmidt. Pese a su diseño innovador no fue considerado como auto de producción. Ese modelo original que antecedió al Batimóvil fue creado 10 años antes del estreno de la serie de televisión y vendido por un dólar a George Barris, diseñador y constructor de autos para Hollywood.

Cuando le encomiendan a Barris la tarea de hacer el Batimóvil, ya tenía el modelo perfecto. Sólo tuvieron que agregar algunos detalles y accesorios. Al ver el éxito del programa y del automóvil Barris solicitó una patente de diseño en Estados Unidos el mismo año del lanzamiento.

Fabricantes de réplicas como Gotham Garage, comenzaron a fabricar su versión de ese diseño cuando la patente caducó, con precios que iban por encima de los 90 mil dólares.

Un juez en Estados Unidos prohibió la venta de réplicas de ese auto, después de una batalla legal.  El argumento que usó el juez indica que el Batimóvil no es un auto, sino un personaje, por lo tanto, mantiene hasta el día de hoy la protección como derechos de autor.

El Batimóvil original perteneció a la familia de George Barris hasta el 2013, en ese año se ofertó en la casa de subastas Barrett-Jackson; actualmente se estima su precio está por arriba de los 5 millones de dólares.

Fuente: Méndez+Cortés Abogados e Ingenieros

Vía: El Confidencial/ Madrid

Lío interno en la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. El principal organismo estatal independiente creado para proteger la privacidad de los ciudadanos y velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (LOPD), lleva años saltándose precisamente esta ley. La agencia publicó esta semana una resolución atendiendo la reclamación presentada por una ciudadana contra la empresa Grupo Libitec por contactarla sin su consentimiento. El documento debería haber pasado inadvertido, igual que los cientos de resoluciones que publica cada año. Pero hubo un fallo: el nombre y apellidos de la demandante aparecieron publicados cuando la LOPD y las propias normas de la AEPD lo prohíben tajantemente. Lo peor: es un fallo básico que lleva ocurriendo al menos desde el 2005 y que la agencia sigue sin subsanar.

El fallo puede sonar trivial pero es bastante más relevante de lo que parece, sobre todo porque vulnera tanto la LOPD como la propia normativa interna de la agencia, que prohíbe la publicación de datos personales en sus resoluciones. Es más, la AEPD es la que impone sanciones y multas a otros organismos públicos y empresas precisamente por publicar datos personales por error. Las multas pueden llegar a una cuantía máxima de 20 millones de euros, pero un caso así en la práctica se situaría entre los 5.000 y los 20.000 euros, pudiendo llegar incluso a los 60.000 en situaciones más graves. Ahora se da la paradoja de que la AEPD debería denunciarse y multarse a sí misma. Algo que jamás ocurrirá.

El problema, sin embargo, va más allá de un error puntual. La AEPD lleva al menos desde el 2005 (se fundó en 1994) publicando cientos de resoluciones con datos personales sin anonimizar. Varios juristas consultados que trabajan de forma continua con la agencia aseguran que se trata de más de 500 resoluciones defectuosas en los últimos 14 años, unas 35 al año, aunque el número podría ser mayor.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-03-28/aepd-agencia-espanola-proteccion-datos privacidad_1907234/

Brasil, un país de unos 200 millones de habitantes y considerado uno de los más conectados del mundo, tendrá por fin un organismo para implementar la ley de protección de datos que entrará en vigor en 2020 y que está inspirada en una norma de la Unión Europea (UE).

Después de muchos debates y retrasos, el Congreso brasileño aprobó este miércoles de manera definitiva la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, una entidad vinculada al Ejecutivo.

Inspirada en la ley europea de datos, la brasileña pasa a definir quiénes son los dueños de los datos, las condiciones en que pueden ser utilizados y las multas para irregularidades.

Uno de los principales puntos establecidos por la legislación son la diferenciación de lo que es dato personal (nombre, dirección, número de la identidad), sensible (origen, religión, salud, opiniones políticas) y anónimo (sin ningún tipo de identificación) y la consecuente diferenciación en cómo cada uno puede ser utilizado.

Además, las personas podrán cuestionar empresas o redes sociales sobre los datos personales guardados y negarse a facilitar sus datos.

Fuente: Proceso Honduras

En el Perú todavía no se plantean modificaciones a la norma. Establecer un estándar más alto en el tratamiento de datos personales no sería lo ideal en el escenario actual.

Las empresas deben terminar de adecuarse a la normativa vigente y evitar seguir infringiendo. Cuando ello ocurra el país estará preparado para elevar los estándares.

Actualizar la normativa ahora significaría imponer una carga grande para empresas que recién comienzan a incorporar en sus políticas internas la protección de datos personales.

Por ello, cualquier intento de elevar los estándares regulatorios debe darse de manera progresiva para no generar distorsiones en el mercado actual.

Fuente: THECRYPTOLEGAL.COM